Uno de los problemas más conocidos y quizas menos avanzados en todo el continente americano es el de las tierras indígenas. Particularmente en el caso de Argentina, los pueblos indígenas fueron sistematicamente negados y excluidos a lo largo del país, comenzando desde la época de la colonización y seguido por campañas militares, la población indígena fue exterminada en gran parte del territorio argentino y fueron despojados de sus tierras y recursos. Las comunidades anabautistas menonitas apoyaron y acompañaron el reclamo por las tierras indígenas por largo tiempo, y lo siguen haciendo hoy.

El problema

La reforma de la Constitución Nacional Argentina actualizada en 1994 reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y establece que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), nos recuerda que “Argentina además ha ratificado varios instrumentos internacionales fundamentales para los pueblos indígenas, como el Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

A pesar de el reconocimiento constitucional, el CELS menciona que la mayoría de las comunidades indígenas al día de hoy no cuentan con un “reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional y esto deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras o de la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas”.

Ante la grave situación en que se encontraban las comunidades indígenas a pesar de su derecho constitucional a las tierras, se sancionó la ley nacional 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas a fines del 2006. El objetivo de la ley es el de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional mientras “suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.

 La Ley 26160 es una ley de emergencia por lo que se supone es de carácter transitorio. Su vigencia original era de cuatro años y ya fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 con la Ley 26.554; en el 2013 mediante la Ley 26.894, y en el 2017 a través de la Ley 27.400, la cual extendió la vigencia de la ley hasta noviembre de 2021. Hoy pasaron 15 años desde la sanción de la ley, y 11 años desde el plazo establecido para el relevamiento, y solo se revelaron los territorios de menos de la mitad de las comunidades indígenas. Según datos del INAI, en el país hay aproximadamente 1760 comunidades indígenas de las cuales 1015 todavía no cuentan con el relevamiento territorial.

Debido al vencimiento de la ley y al lento proceso de relevamiento, representantes de las comunidades indígenas convocaron un acampe en frente a la Casa Rosada para exigir la prórroga de la ley de emergencia territorial por ley. Luego del último vencimiento en noviembre, el presidente Alberto Fernández aún sostiene su vigencia con la firma del Decreto 805/2021 pero sigue demorandose su implementación por lo que el acampe y la protesta siguen.

A esta protesta se sumo el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos). “El MEDH”, nos comenta Luis Maria Alman, miembro del Consejo Pastoral de la Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires, “es uno de los organismos históricos junto con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, asumió el compromiso de la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos originarios”. El MEDH se creó en 1976, en vísperas de la dictadura militar y desde entonces es uno de los organismos de derechos humanos más reconocidos en el país.

Alman agrega que “la Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires (IAMBA), entendió que su identidad como iglesia histórica de paz debe ir de la mano en el compromiso por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, es por eso que desde hace más 15 años es miembro del MEDH, junto con iglesias protestantes, evangélicas y algunas diócesis católicas”.

La iglesia Menonita también acompaña a las comunidades indígenas en el norte de Argentina hace más de 60 años, cuya experiencia fue retratada en el libro Misión Sin Conquista. Oremos y sigamos participando en estas luchas históricas por una sociedad que respete los derechos humanos.